El “Programa de Doctorado en Derecho privado” refunde los siguientes Programas de Doctorado: “Programa de Doctorado interuniversitario en Derecho privado patrimonial” (interuniversitario con la Universidad Pública de Navarra) y el “Programa de Doctorado Nuevas Tendencias en Derecho Privado”. Los objetivos que pretende alcanzar el Programa de Doctorado en Derecho privado, en armonía con sus antecedentes, son en resumen:
- Estudiar y dominar el caudal de herramientas conceptuales y técnicas de la rama del saber jurídico con mayor tradición histórica (al que añade ser el arsenal común al resto de saberes que conforman el Derecho) y reflejo más inmediato en el sistema económico y en la esfera estrictamente individual de las personas. Saber manejarlas y abordar los problemas que la libertad (epicentro del sistema de Derecho privado) suscita en el ámbito patrimonial y personal. El objetivo principal es formar privatistas integrales: capaces, por tanto, de abordar con éxito un problema cualquiera de índole jurídico – privada. El valor de los instrumentos jurídicos privados trasciende a la propias materias a las que tradicionalmente se vincula: permite al jurista abordar, identificar y resolver, con éxito, problemas de otras ramas.
- Proporcionar un conjunto de reflexiones y estudios a partir de Doctores formados en varias Universidades españolas y extranjeras: la diversidad de los Doctores, en su formación, procedencia e incluso idioma, es una de las señas de identidad de este Programa de Doctorado.
- Permitir culminar los itinerarios formativos propios del Derecho privado en su confluencia con el Derecho público, y propiciar el intercambio con otras Universidades.
Líneas de Investigación
- Derecho de la persona y de la familia.
- Derecho patrimonial privado: su construcción histórica
- Derecho de sociedades
- Derecho concursal
- Derecho de contratos. Derecho de consumo
- Derecho de la propiedad intelectual e industrial
- Derecho de la competencia
- Derecho de garantías
- Derecho internacional privado. Derechos civiles autonómicos
- Derecho de daños